El narcotráfico siempre produce un impacto fuerte en la sociedad. En principio entre los consumidores de drogas, sus primeras víctimas directas. También se siente su presencia en los mayores niveles de violencia de los delitos, desde los más comunes, como robos y arrebatos, hasta crímenes que giran alrededor de organizaciones transnacionales. El movimiento de sustancias ilegales provoca, incluso, un costo económico en cada país. Y la Argentina pierde más de mil millones de dólares al año por el tráfico de cocaína y marihuana.
En esa cifra se ubican los gastos directos afrontados por el gobierno nacional y las provincias para tratamientos de adictos, los juzgamientos de los infractores a la ley de drogas y el mantenimiento de los condenados, además de estimarse los costos de pérdida de productividad según variables aceptadas internacionalmente.
La propia asignación de recursos estatales directos al problema de las drogas representa el 20 por ciento del presupuesto derivado a la asignación universal por hijos y el 10 por ciento de la inversión en educación.
La magnitud del costo asociado al uso de drogas ilegales surge de un informe de la Sedronar, que este año completó un análisis sobre la situación local a partir de datos tomados en
2008/9.
Ese trabajo indica, además, que "las estimaciones realizadas hasta la fecha en el país subestiman el impacto económico del fenómeno de las drogas".
Es que la comparación con otros países determina la existencia de importantes costos
intangibles, que aún no fueron medidos en los estudios argentinos.
Australia, por ejemplo, analizó también variables inducidas por muertes prematuras vinculadas con drogas y estableció que esa reducción indirecta de recursos de la sociedad representaba similares valores a los encontrados como costos directos.
Ya la pérdida de productividad de personas en tratamientos por adicciones, ausencias laborales por consumo de drogas y detenidos por infracciones a la ley de estupefacientes suma en la Argentina unos 600 millones de dólares, según el análisis de la Sedronar.
La inversión directa del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales es establecida en ese informe en unos 430 millones de dólares. Cifra que es mayor aún, porque la investigación del organismo oficial contra las drogas sólo pudo relevar datos de la mitad de las jurisdicciones argentinas.
En ese volumen de inversión directa contra la circulación de las drogas el mayor peso está puesto en los gastos de los juzgados y de los servicios penitenciarios, que insumen 235 millones de dólares para afrontar las causas de estupefacientes, la mayoría por tenencia para consumo personal, y mantener en prisión a los condenados por narcotráfico.
Más allá de las formas indirectas en que el tráfico de drogas afecta a la sociedad, al menos el 4 por ciento de la población económicamente activa recibe el impacto directo del narcotráfico al ser el núcleo de consumidores de sustancias ilegales.
Y los niveles de uso de cocaína y marihuana se elevan considerablemente al tomar en cuentas franjas etarias de 16-24 años y 25-34 años. En esos grupos, el consumo de marihuana trepa al 8 por ciento y el de cocaína, al 1,6 por ciento.
Es en esos sectores de adultos jóvenes entre los cuales se dan los mayores problemas de consumo y adicciones que, finalmente, impactan en los costos sociales consignados en el informe de la Sedronar.
En esa dependencia también se había establecido el riesgo de consumo en su evaluación de la encuesta anual 2010 sobre prevalencia de uso de drogas:
"No todos los usuarios de drogas, especialmente marihuana y cocaína, son experimentales u ocasionales. Un porcentaje importante, aproximadamente el 18 por ciento de los usuarios de marihuana y un cuatro por ciento de los usuarios de cocaína, pueden clasificarse con signos y síntomas que indican uso compulsivo, desarrollo de tolerancia y síntomas de abstinencia".
Ese impacto económico superior a los mil millones de dólares al año es una muestra de los daños colaterales del tráfico de drogas ilegales. Si se toman en cuenta el alcohol y el tabaco, las dos drogas de acceso permitido, las cifras de costos suben en forma brusca.
El dato aportado por la Sedronar apuntó a un gasto social de 4441 millones de dólares al sumar todas las sustancias psicoactivas.
De todas maneras, los costos demandados al gobierno nacional y los estados provinciales por el abuso de alcohol y tabaco tiene cierta compensación mediante el cobro de impuestos a la cadena de comercialización de esas sustancias legales, que tributan en total unos mil millones de dólares.
Frente a las variables económicas germinó la idea -sustentada por varios intelectuales de América latina- de legalizar el comercio de estupefacientes para que los estados compensen sus gastos al imponer impuestos como a las drogas legales.
Esa propuesta choca con otras cifras: los estupefacientes son consumidos en la Argentina por sólo el cuatro por ciento de la población económicamente activa y su costo al Estado es la mitad de lo provocado por el alcohol, consumido por más del 80 por ciento.